Algo no está funcionando bien en el Ministerio de Economía y Finanzas. Sabemos de los esfuerzos del titular del MEF, Luis Carranza, para reactivar la demanda interna, corregir errores fiscales, moderar los niveles inflacionarios y fortalecer la política macroeconómica. Pero, en materia tributaria, las recientes acciones que reconsideran el proyecto de ley con respecto al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV), está en contraste con la realidad empresarial del país.¿Qué está pasando? ¿Por qué se insiste en golpear a los empresarios, especialmente a la pequeña y micro empresa? El sentido común nos dice que el gobierno debería promocionar el desarrollo empresarial y no poner trabas al avance de las empresas, pero volver atrás en materia tributaria, sería un craso error de la administración García.
El proyecto de ley que flexibiliza el uso del crédito fiscal del IGV, no sólo ha dividido a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas con los gremios empresariales, sino que también ha puesto en tela de juicio el trabajo honrado y sacrificado de miles de empresarios vinculados con la micro y pequeña empresa (Mype), quienes de aprobarse la norma, serían sujetos de una serie de arbitrariedades por parte de la autoridad tributaria.
Conocedores de la “política de control” asumida en los últimos 20 años por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), los perjudicados serían las micro y pequeña empresas, que dependen de terceros para la elaboración de sus registros contables. Es decir, un pequeño error o un suave borrón, serían causas suficientes para la pérdida del crédito fiscal. Precisamente, el objetivo del uso del crédito fiscal del IGV es aliviar en algo la pesada carga de gastos que realiza el empresario.
Como es de conocimiento público, los empresarios vinculados a las Mype y Pyme (pequeña y mediana empresa), verdaderos motores del desarrollo social en el país, no están en condiciones económicas para contratar los servicios de un profesional, por lo que ellos mismos tienen que hacer sus registros o dejarse asesorar por firmas contables que administran cada cierto tiempo sus contabilidades.
En el Perú lo que más se necesita son normas que incentiven la inversión y la generación de mayores empleos como hasta la fecha, las Pyme y Mype lo están haciendo con el 98.6% del total de las empresas en el país, con más de 3.5 millones de unidades productivas y comerciales, incluso, algunas de ellas de subsistencia.
Si bien es verdad que el fraude tributario bordea los S/. 2,700 millones, éste no se origina por la aplicación de la normatividad aprobada, sino por la decisión exclusiva de malos empresarios que eluden el pago de impuestos mediante diversas modalidades como la compra de comprobantes de pago, que sí es un delito. En todo caso, el asunto es fiscalización y esa es una tarea de la Sunat. Si hay malos empresarios, detéctenlo y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, pero la evasión tributaria no está en el lado de las Mype que cada día se formalizan, contribuyen con sus tributos y generan nuevos puestos de trabajo.
Desde esta perspectiva, es justo el reclamo de cientos de empresarios, especialmente del conglomerado comercial de Gamarra que integran más de 25,000 empresarios. El gobierno debe promocionar la iniciativa empresarial y no poner obstáculos en su desarrollo.
Escrito por César Sánchez Martínez.
Periodista especializado en Economía.
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